Bajo el título genérico de Notas para el cambio, iré dejando de vez en cuando en los blogs y en el periódico HUELVAYA.ES algunas de mis opiniones e ideas de aquellos aspectos que pueden ser importantes para la reorganización de la vida política en sus diferentes niveles: municipal, autonómico y central. Ni seré exahustivo ni pretenderé pericia especial.pero sí desde luego plasmaré brevemente mis opiniones informadas y formadas en mi experiencia cotidiana y desde mi preocupación ya más que larga por la vida sociopolítica del los lugares en los que me ha tocado vivir y sus habitantes. Espero una buena aceptación de esta iniciativa y la participación de mis conciudadanos teniendo en cuenta que, como siempre, la persona debe ser el principio y fin de cualquier acción política.
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El ir y venir de derechos y deberes reconocidos a los extranjeros en España desde la Ley Orgánica 7/85 de 1 de julio, hasta el actual Reglamento, aprobado por Real Decreto 9323/2004, de 30 de Diciembre, sigue siendo un galimatías para el entendimiento de los ciudadanos de cuál es el status quo de muchos extranjeros en España y de qué se puede y debe hacer respecto de muchas situaciones irregulares. La provincia de Huelva es un lugar dentro de Andalucía y del Estado de gran recepción de estas personas que vienen buscando mejores condiciones de vida y que en muchos casos deciden permanecer después de agotada su relación contractual. El sentimiento de muchos ciudadanos es que, al menos a partir de ese momento, la inmigración se convierte en un problema. La realidad es que la sociedad pide unas medidas que pocos partidos parecen dispuestos a asumir, si acaso tímidamente el PP en el conjunto del Estado y Convergéncia i Unió en Cataluña.
A veces se suscitan cuestiones de índole moral: vivimos en una aldea global y nadie es quién para poner impedimentos al libre movimiento de los individuos por el planeta, dicen no pocos. Incluso desde un punto de vista estrictamente liberal, esos movimientos deberían regularse espontáneamente por las leyes del mercado, por la oferta y la demanda. La verdad es que en un mundo de continuas comunicaciones, en ocasiones los mensajes son falsos o mal interpretados y provocan avalanchas sobre informaciones ficticias. ¿Deben los Estados intervenir o permitir la permanencia bajo cualquier circunstancia de los inmigrantes sin papeles que vinieron por llamadas fantasiosas o de aquellos que ya terminaron las relaciones laborales para las que vinieron? Fíjense que incluso para aquellos que venimos del mundo cristiano –parece que la doctrina católica obliga especialmente-, no podemos olvidar que el Estado debe ir por un lado y la religión por otro. Hablamos de lo que es bueno para el Estado y no para lo que satisface nuestra fe, que quedará para la práctica privada o para asociaciones de la calidad que fuere. Aquellos que quieran seguir vendiéndonos conceptos como la solidaridad desde posiciones de izquierdas (PSOE), a las pruebas me remito de las medidas que han sido capaces de tomas con los trabadores y pensionistas españoles, por lo que sus argumentos quedan ampliamente desautorizados
Nadie puede negar el natural flujo humano pero tampoco se pueden seguir políticas de remover todas las vallas del campo ni la contraria ultranacionalista de sentir miedo a todo lo foráneo. Pienso que Huelva, Andalucía y el Estado tienen el derecho –creo que también es un deber- de reservar los recursos básicos de empleo para los naturales. Es más, cuando todos nos apretamos el cinturón y en medio de una crisis económica sin parangón insistimos en el recorte del gasto, no se puede olvidar que mantener una inmigración ociosa dentro de nuestras fronteras desequilibra gravemente nuestros recursos –el mismo gasto de una seguridad social universalizada intergalácticamente es un ejemplo-. Hay una estampa ya habitual: montones de chicos y no tan jóvenes tratando de aparar nuestros coches por unas monedas; individuos o parejas buscando todo tipo de chatarras para la venta y montones de buscadores en los contenedores de basura; comedores públicos saturados de inmigrantes cuando tantos naturales los necesitan debido al no reconocimiento en su momento de una crisis por parte del socialismo gobernante; aumento de la prostitución femenina y masculina como forma de supervivencia; los parques y otras zonas de la ciudad convertidas en zonas de contratación sexual y de dormitorios nocturnos, etc…
Pienso que la lógica de las cosas ha de llevar a la revisión de la actual Ley de Extranjería y, mientras tanto, a poner en práctica la actual en cuanto la devolución de indocumentados a sus lugares de origen, en este caso tanto no comunitarios como a aquellos que lo son. Hay que estimular la vuelta de aquellos que quieran hacerlo pero no están en condiciones económicas de hacerlo por medio de incentivos económicos, como posibilita la normativa aquí. Creo en el mercado libre, pero regulado en condiciones de igualdad. Lo ocurrido el pasado año en las playas de Cataluña es ejemplo de lo que digo: se estaba permitiendo a los inmigrantes vender en primera línea de playa sus productos a precios simplemente sin competencia, mientras que los comerciantes instalados en sus locales y sometidos al largo listado de impuestos habituales, no podían competir con ellos. La venta ilegal tendrá que ser eliminada y revisar, simultáneamente, la situación de estos inmigrantes, casi todos ellos sin papeles.
He tratado de realizar una breve revisión de los aspectos morales, políticos y prácticos que se presentarán a nuestros políticos en los diferentes procesos electorales que se nos avecinan y en cuanto a la inmigración y es mi opinión que habrá que mojarse. Si la llamada izquierda socialista (PSOE), por razones electorales y de hipocresía electoral no se atreve a hacerlo, la derecha y el centro derecha debería asumir que el Estado ha de tomar medidas importantes en ese sentido para que nos vayan quedando más claros el número de parados reales y qué trabajos los desempleados españoles no quieren asumir y tomar medidas contra quienes bloquean el mercado laboral desde los distintos Servicios de Empleo de cada comunidad. Por otra parte, los mismos ayuntamientos quedarán liberados de obligaciones para las que no fueron creados y además no pueden asumir. Habrá que contar sólo con aquella inmigración que absorba el mercado y resulte por lo tanto tan productiva como la mano de obra oriunda y sin olvidar que aquel inmigrante deberá ser tratado con todos los respetos y con atención a todos los derechos aquí y en sus países
El ir y venir de derechos y deberes reconocidos a los extranjeros en España desde la Ley Orgánica 7/85 de 1 de julio, hasta el actual Reglamento, aprobado por Real Decreto 9323/2004, de 30 de Diciembre, sigue siendo un galimatías para el entendimiento de los ciudadanos de cuál es el status quo de muchos extranjeros en España y de qué se puede y debe hacer respecto de muchas situaciones irregulares. La provincia de Huelva es un lugar dentro de Andalucía y del Estado de gran recepción de estas personas que vienen buscando mejores condiciones de vida y que en muchos casos deciden permanecer después de agotada su relación contractual. El sentimiento de muchos ciudadanos es que, al menos a partir de ese momento, la inmigración se convierte en un problema. La realidad es que la sociedad pide unas medidas que pocos partidos parecen dispuestos a asumir, si acaso tímidamente el PP en el conjunto del Estado y Convergéncia i Unió en Cataluña.
A veces se suscitan cuestiones de índole moral: vivimos en una aldea global y nadie es quién para poner impedimentos al libre movimiento de los individuos por el planeta, dicen no pocos. Incluso desde un punto de vista estrictamente liberal, esos movimientos deberían regularse espontáneamente por las leyes del mercado, por la oferta y la demanda. La verdad es que en un mundo de continuas comunicaciones, en ocasiones los mensajes son falsos o mal interpretados y provocan avalanchas sobre informaciones ficticias. ¿Deben los Estados intervenir o permitir la permanencia bajo cualquier circunstancia de los inmigrantes sin papeles que vinieron por llamadas fantasiosas o de aquellos que ya terminaron las relaciones laborales para las que vinieron? Fíjense que incluso para aquellos que venimos del mundo cristiano –parece que la doctrina católica obliga especialmente-, no podemos olvidar que el Estado debe ir por un lado y la religión por otro. Hablamos de lo que es bueno para el Estado y no para lo que satisface nuestra fe, que quedará para la práctica privada o para asociaciones de la calidad que fuere. Aquellos que quieran seguir vendiéndonos conceptos como la solidaridad desde posiciones de izquierdas (PSOE), a las pruebas me remito de las medidas que han sido capaces de tomas con los trabadores y pensionistas españoles, por lo que sus argumentos quedan ampliamente desautorizados
Nadie puede negar el natural flujo humano pero tampoco se pueden seguir políticas de remover todas las vallas del campo ni la contraria ultranacionalista de sentir miedo a todo lo foráneo. Pienso que Huelva, Andalucía y el Estado tienen el derecho –creo que también es un deber- de reservar los recursos básicos de empleo para los naturales. Es más, cuando todos nos apretamos el cinturón y en medio de una crisis económica sin parangón insistimos en el recorte del gasto, no se puede olvidar que mantener una inmigración ociosa dentro de nuestras fronteras desequilibra gravemente nuestros recursos –el mismo gasto de una seguridad social universalizada intergalácticamente es un ejemplo-. Hay una estampa ya habitual: montones de chicos y no tan jóvenes tratando de aparar nuestros coches por unas monedas; individuos o parejas buscando todo tipo de chatarras para la venta y montones de buscadores en los contenedores de basura; comedores públicos saturados de inmigrantes cuando tantos naturales los necesitan debido al no reconocimiento en su momento de una crisis por parte del socialismo gobernante; aumento de la prostitución femenina y masculina como forma de supervivencia; los parques y otras zonas de la ciudad convertidas en zonas de contratación sexual y de dormitorios nocturnos, etc…
Pienso que la lógica de las cosas ha de llevar a la revisión de la actual Ley de Extranjería y, mientras tanto, a poner en práctica la actual en cuanto la devolución de indocumentados a sus lugares de origen, en este caso tanto no comunitarios como a aquellos que lo son. Hay que estimular la vuelta de aquellos que quieran hacerlo pero no están en condiciones económicas de hacerlo por medio de incentivos económicos, como posibilita la normativa aquí. Creo en el mercado libre, pero regulado en condiciones de igualdad. Lo ocurrido el pasado año en las playas de Cataluña es ejemplo de lo que digo: se estaba permitiendo a los inmigrantes vender en primera línea de playa sus productos a precios simplemente sin competencia, mientras que los comerciantes instalados en sus locales y sometidos al largo listado de impuestos habituales, no podían competir con ellos. La venta ilegal tendrá que ser eliminada y revisar, simultáneamente, la situación de estos inmigrantes, casi todos ellos sin papeles.
He tratado de realizar una breve revisión de los aspectos morales, políticos y prácticos que se presentarán a nuestros políticos en los diferentes procesos electorales que se nos avecinan y en cuanto a la inmigración y es mi opinión que habrá que mojarse. Si la llamada izquierda socialista (PSOE), por razones electorales y de hipocresía electoral no se atreve a hacerlo, la derecha y el centro derecha debería asumir que el Estado ha de tomar medidas importantes en ese sentido para que nos vayan quedando más claros el número de parados reales y qué trabajos los desempleados españoles no quieren asumir y tomar medidas contra quienes bloquean el mercado laboral desde los distintos Servicios de Empleo de cada comunidad. Por otra parte, los mismos ayuntamientos quedarán liberados de obligaciones para las que no fueron creados y además no pueden asumir. Habrá que contar sólo con aquella inmigración que absorba el mercado y resulte por lo tanto tan productiva como la mano de obra oriunda y sin olvidar que aquel inmigrante deberá ser tratado con todos los respetos y con atención a todos los derechos aquí y en sus países
