Vuelvo a escribir sobre este aspecto tan básico en la construcción de las relaciones territoriales dentro del Estado porque creo que España ha de redefinirse en momentos de graves problemas económicos y ha de racionalizar los poderes y sus gastos dependiendo de las necesidades de cada territorio. Seguir profundizando en atribuciones que ni son pedidas popularmente ni demuestran eficacia alguna en las administraciones territoriales correspondientes, carece de sentido. Como es sabido o al menos así he mantenido, el legislador redacta el título octavo de la Constitución pensando en aquellas comunidades que ya tuvieron Estatuto aprobado en el período republicano. Después, se articula otro proceso prácticamente imposible para acceder en el mismo grado de autogobierno (caso de Andalucía) y el general para los demás que garantizaba que en un período de tiempo determinado todos alcanzarían los mismos niveles autonómicos. Pero no es asumible que los redactores en aquellos momentos pensaran que eso sucedería. La perversión de este sistema ha consistido en que en la medida que las comunidades autónomos alcanzaban iguales niveles de autogobierno al de las históricas, éstas exigían más porque el hecho diferencial (caso de Cataluña) siempre debería ser palpable. Así que el intento de utilizar el “café para todos” como uniformador del Estado de las autonomías y como fin de las peticiones por parte de las históricas, ha constituido un fracaso de tal nivel que hoy invita a la reformulación del Estado antes de tocar la Constitución en un proceso reformador que tendría que ser de amplísimo calado si no de apertura de nuevo período constituyente.
Un primer paso es reducir el gasto público: esa reducción debe venir vía finalización de las duplicidades de administraciones cuando sencillamente no son necesarias. No es lo mismo aquello que piden y necesitan comunidades de marcado carácter nacional, que lo que precisan otras que no sienten tener especificidades que las hagan diferentes de un amplio conjunto que ellos sienten como España. Así pues, una redefinición de qué sea España será conveniente y perder de una vez por todos los miedos a la asimetría en las aspiraciones y competencias. Mi impresión es que el sostenimiento del Estado sin traumas separatistas pasa por la adecuación de cada comunidad a sus necesidades y por la aceptación y respeto de las diferencias históricas de determinados territorios. Galicia, País Vasco, Cataluña y por otra razones Andalucía –que se colocaría en un nivel intermedio al no tener partidos de carácter nacionalista solventes., son un caso y el resto otro muy diferente, abstracción hecha de Navarra por los fueros y el concierto económico. Nada pasaría si trece de las diecisiete autonomías pasaran a compartir muchos de los servicios que ahora tienen separados –servicios sanitarios, educación, etc-, sin que nadie en esas comunidades se sienta ofendido. Igual pasaría en dirección contraria con la cultura porque, si las cosas no cambian, ese ministerio bien podría desaparecer como tal. Otro aspecto a estudiar para su posible readecuación es el papel de las Diputaciones, bien vía su sustitución por las comarcas y agrupaciones administrativas de ayuntamientos, creando aquellos órganos con capacidad de detección de irregularidades. Ineludiblemente, hay que proceder a la redefinición del Estado y de sus niveles territoriales.
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